13/12/23 Revista CTXT. Gustavo Duch
La administración española nos dice que, de promedio, gastamos en alimentación casi 1.600 euros al año por persona. En cambio, Naciones Unidas sostiene que en España esta cifra asciende a casi 3.800 euros. ¿A qué se debe este desfase? A nivel mundial, esta diferencia supone cada día unos 35.000 millones de dólares, pero ¿por qué nadie va a la cárcel por este descomunal desfalco?
Las cifras las acaba de publicar la FAO, el organismo de Naciones Unidas encargado de los temas alimentarios, en el informe El estado mundial de la agricultura y la alimentación 2023. Revelar el verdadero costo de los alimentos para transformar los sistemas agroalimentarios. Como dice el subtítulo, en él se aborda un aspecto clave para quienes cuestionamos el modelo alimentario globalizado: el coste real de los alimentos. Porque, si bien al salir de un comercio conocemos el coste monetario de nuestra compra –lo que marca el ticket–, a éste habría que añadirle otros gastos que, aunque no nos lo parezca, también acabamos pagando y que podemos agrupar en sanitarios, ambientales y sociales.
En este detalladísimo estudio, los costes ocultos sanitarios se cuantifican a partir de las pérdidas de productividad laboral que provocan enfermedades derivadas de malos hábitos alimentarios, como la obesidad, y que a nivel mundial representan el 73% de toda esta contabilidad enmascarada. En el caso de España, para el año 2022, significa una cantidad aproximada de casi 80.000 millones de euros, que representaría nada menos que el 6% del PIB nacional. Este porcentaje aumentaría aún más si se contabilizaran los costes directos de los tratamientos de estas patologías que se asumen desde la sanidad pública.
Los costes ambientales que pagamos entre todas, pero que no aparecen en las facturas, representan según este estudio algo más del 23% del total, y se calculan en función de las pérdidas agrícolas y de servicios ecosistémicos causadas por las emisiones de gases de efecto invernadero y nitrógeno, la escasez de agua y los cambios en el uso del suelo, y en función de las pérdidas de productividad provocadas por la contaminación del aire, la contaminación del agua y su escasez. En el caso español, la suma de este capítulo representaría un total aproximado de 23.800 millones de euros.
Gráfico extraído del informe de FAO.